Los planes para cobrar a los solicitantes de asilo por el alojamiento se retrasan mientras el comité pide revisar los contratos
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El Gobierno irlandés ha retrasado sus planes de cobrar a los residentes del Servicio de Alojamiento para la Protección Internacional (Ipas) por su alojamiento. La decisión llega tras una exigencia del Comité de Cuentas Públicas (PAC), que ha pedido una revisión urgente de los contratos entre el Estado y los proveedores privados que gestionan muchos de los centros.
El PAC afirma haber encontrado lo que describe como "graves deficiencias en el control financiero". Los miembros del comité están especialmente preocupados por los certificados de incendios, que son documentos oficiales que demuestran que un edificio cumple las normas de seguridad. El comité quiere que el Gobierno tome medidas firmes para solucionar estos problemas antes de introducir cualquier nuevo cobro. Pide también controles más estrictos sobre cómo se gasta el dinero público en el alojamiento de personas que solicitan protección internacional.
Los cobros propuestos formaban parte de un esfuerzo más amplio por reducir el coste del sistema para el contribuyente. Sin embargo, el retraso significa que, por ahora, los residentes no tendrán que pagar por su alojamiento. Las autoridades todavía no han fijado una nueva fecha para la posible puesta en marcha de los planes. Los críticos del sistema han acogido con satisfacción la petición de una revisión, mientras que quienes apoyan los cobros sostienen que el Estado no debería pagar el coste total del alojamiento de personas que podrían tener trabajo.
Se espera que la revisión de los contratos con los proveedores lleve algún tiempo. Para las personas que viven en centros Ipas de toda Irlanda, el resultado podría afectar a sus condiciones de vida, a sus gastos y a los servicios que reciben en los próximos meses.
Sources: Irish Independent
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